116
Posición El Salvador
150
Posición Guatemala
157
Posición Honduras
167
Posición Nicaragua
*Índice de Percepción de la Corrupción (2022).
Trabajamos en la región centroamericana para promover que sus sistemas de justicia respondan a las necesidades de la población.
Promovemos el Estado de derecho por medio del fortalecimiento de las instituciones del sector justicia con base en cuatro pilares:
Independencia judicial
La independencia judicial es un principio imperativo para la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como un presupuesto necesario para el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva. Esto implica que los jueces o juezas actúen y decidan en los asuntos sometidos a su conocimiento, sin ninguna otra motivación que observar los preceptos legales y parámetros demarcados en el orden jurídico vigente. El proceder de quienes ostentan judicaturas se debe ejercer sin influencias políticas, económicas o de cualquier naturaleza.
Acceso a la justicia
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental para la consolidación de un Estado de derecho y el desarrollo humano de las personas. Implica la disponibilidad, utilización y acceso (material y legal) a las herramientas y mecanismos para que se reconozcan y protejan derechos y con esto se pueda encontrar una resolución pacífica y efectiva a conflictos individuales o colectivos. El acceso a la justicia implica un sistema de tutela judicial efectiva que funcione para todas las personas de forma justa y equitativa.
Medidas anticorrupción
Las medidas anticorrupción son todos aquellos, planes, acciones y estrategias encaminadas a prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Dentro de estas se puede incluir a los mecanismos para la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; las estrategias de formación y promoción de la integridad; así como la promoción de adecuaciones normativas para fortalecer el abordaje integral de este flagelo.
Cultura de legalidad
La cultura de legalidad es el conjunto de valores y comportamientos que orienta a las personas, colectivos o pueblos para desarrollar prácticas sociales de cumplimiento y obediencia de la ley y la justicia. La cultura de legalidad es esencial para la consolidación de instituciones sólidas, transparentes, democráticas y respetuosas de los derechos humanos.